los intelectuales

A continuación replicamos la entrevista aparecida hoy en La Nación, realizada al maestro y amigo, don Roberto Gargarella, como siempre, los comentarios sobran, queda el firme deseo de que la academia nacional sorprenda en algún momento con ejemplares de talento, claridad y fuerza semejantes.

“Como ciudadanos, perdimos el control sobre la política“

La protesta social tiene sus orígenes en el incumplimiento del Estado, advierte el jurista.

“Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la de- sigualdad política.”

El jurista argentino Roberto Gargarella, reconocido por sus aportes en materia de derecho constitucional, es consciente de que la Argentina tiene una Carta Magna “muy exigente”. Y sostiene que “ver la distancia que hay entre los compromisos constitucionales y la práctica constitucional es muy dramático, pero también muy apasionante”.

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Chicago, Gargarella, de 44 años y autor de más de una veintena de libros, investigó recientemente y escribió acerca de los límites a la respuesta penal punitiva, la teoría constitucional y la concepción deliberativa de la democracia.

-¿Qué es la democracia deliberativa y en qué se diferencia de otras concepciones de la democracia?

-La idea de democracia deliberativa considera que las únicas decisiones públicas justificadas son las que resultan de un proceso de discusión inclusivo, sin grupos marginados. Algo que no ocurre hoy en la Argentina, donde hay voces y grupos sistemáticamente ausentes de la toma de decisiones. El Congreso se especializa en tomar decisiones a partir de la imposición de una mayoría que levanta la mano. Y aunque eso es una condición necesaria en la construcción de una decisión democrática, no es una condición suficiente para ello. Ni siquiera es suficiente para que la decisión sea constitucionalmente válida.

- ¿Cómo debería plantearse el debate sobre la protesta social? Usted dice que es inapropiado hacerlo como si se tratara de tornar compatibles el derecho de libre circulación con el de los manifestantes a expresarse.

-Muchas veces las causas de la protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales. Antes de apuntar el dedo hacia quienes se quejan por las faltas graves cometidas por el Estado, habría que dirigirlo hacia las autoridades y preguntarles por qué no cumplen con sus obligaciones legales. Si dejamos de lado esta pregunta para empezar a discutir hasta dónde llegan los derechos de los taxistas o las ambulancias, trivializamos el debate.

-¿El derecho a expresarse no debería tener límites?

-Por supuesto que hay límites. Pero el derecho a expresarse y, sobre todo, el derecho a la crítica política es -así lo llamaría- el derecho de los derechos, ya que es condición para el sostén de los demás derechos. Cuanto más restringimos la crítica política, más ponemos en riesgo el resto de la estructura de derechos.

-¿Por qué el Estado incumple desde hace décadas sus deberes constitucionales de garantizar los derechos sociales básicos de la gente más necesitada?

-A cualquier gobierno le interesa transformar los derechos en favores que da o deja de dar a discreción, haciendo que los grupos afectados vayan a pedirle de rodillas aquello que en realidad el Estado debería asegurarles incondicionalmente. Todos los gobiernos, y éste también, tratan los reclamos por derechos como si fueran reclamos por privilegios.

-¿Cómo se puede garantizar que los gobiernos futuros cumplan con su obligación?

-Ahí la Justicia puede cumplir un rol extraordinario que, lamentablemente, ahora cumple sólo a medias, por miedo o por razones políticas. Por eso, la disputa en torno del Consejo de la Magistratura es tan seria, aunque no lo parezca: controlar al Consejo sirve para poner a los jueces bajo amenaza.

-¿Cómo se llegó a esta separación borrosa entre los tres poderes?

-Al consagrar un sistema de autoridad concentrada en el Poder Ejecutivo, permitimos que gradualmente se distorsione toda la estructura de frenos y contrapesos. Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública en general. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la desigualdad política.

-¿Qué salida ve para esto?

-Me parece posible definir ideales regulativos que tienen que ver con el respeto de la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Son ideales por los que luchar. No sé si es fácil llegar ahí, pero es importante, al menos, tener claro hacia dónde dirigir los esfuerzos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no tenemos demasiado claro hacia dónde ir.

-¿Por qué usted escribió que la lectura que se hizo de los orígenes del constitucionalismo latinoamericano fue la menos atractiva posible?

-Entre las opciones constitucionales que teníamos optamos por una muy restrictiva de las libertades políticas, con una fuerte concentración de autoridad en el presidente, lo cual fue una decisión muy mala. Cualquier demócrata, cualquier persona con espíritu igualitario, debe temer y resistir siempre la concentración del poder. Nuestra Constitución creó un Poder Ejecutivo más fuerte, que luego fue arrinconando a los demás poderes.

-¿Qué relación encuentra entre la desigualdad política y la económica?

-Una sociedad marcada por la desigualdad política y organizada alrededor del mercado reproduce la desigualdad entre sus miembros y socava los lazos de solidaridad. Ambas desigualdades se refuerzan. Hoy llevar adelante tareas solidarias es un ejercicio heroico porque todos los incentivos institucionales están orientados en dirección opuesta. En sociedades más igualitarias los lazos cívicos son más fuertes, así como las posibilidades de relacionarse con los demás y ver a los otros como iguales.

-¿Cómo describiría la democracia argentina?

-Una democracia liberal conservadora, con un limitado respeto a las libertades civiles, fuertes restricciones en las libertades políticas de la ciudadanía y una marcada desigualdad en la distribución de los recursos, que afecta al resto de la estructura democrática.

-¿En qué cosas cree?

-En el respeto simultáneo a los valores de libertad individual y autogobierno colectivo; en maximizar la libertad individual y la capacidad de la ciudadanía de tomar control sobre sus propios asuntos. Hemos convivido con regímenes conservadores que negaron las libertades individuales y políticas, y con regímenes liberales que fueron más respetuosos de las libertades personales, pero muy hostiles a las capacidades colectivas de los ciudadanos. Las mejores tradiciones igualitarias requieren la reivindicación de las libertades personales junto con la igualdad política. Esta tiene que ir de la mano de la igualdad económica y asegurar condiciones materiales que nos permitan vivir en comunidad.

EL PERSONAJE

ROBERTO GARGARELLA
Jurista

• Profesión: abogado

Edad: 44 años

Docencia: profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Investigador visitante en Harvard, Columbia, Texas y Nueva York .

Sus libros: Los fundamentos legales de la desigualdad, El derecho a la protesta, E l primer derecho y La Justicia frente al gobierno .

Autores preferidos: Carlos Nino, John Rawls, Gerald Cohen

Para LA NACION, por Mori Ponsowy

misterio resuelto

La propiedad es la pieza fundamental del sistema económico vigente. Propiedad y trabajo son las formas en las que nos insertamos al escenario de interelaciones socio-económicas.
Trabajar es una forma de ser, y poseer bienes -acorde a las reglas jurídicas- es estar (obviemos por un instante el asunto de la tecnología, pues aquello también alude al ser y estar en el mundo hoy).

Hernando de Soto, al frente del Think Tank más importante del país el ILD, aborda con aplomo y sin temor un tema que a la fecha no hemos podido afrontar como sociedad: el multiculturalismo, los derechos de propiedad y ciudadanía y la legalidad propiamente dicha.

Los argumentos que expone son persuasivos, y sin duda tiene varios puntos consigo, sino todos o casi todos.
El desarrollo, bien es cierto, no pasa solo por la acumulación de bienes y capital, pero cómo ayuda el formar parte del sistema, organizarse y tener el reconocimiento legal para el ejercicio pleno de derechos.
Hoy por hoy, y De Soto tiene tremendo punto allí, el discurso de todos lados es y ha sido -por ejemplo el de el IDL (no confundir con el ILD de De Soto) y otras ONGs derechos humanistas- el del pobre indígena que no entiende lo que pasa y que es bueno que no entienda, pues su cultura debe permanecer pura y prehistórica… De Soto por su parte, apuesta por la inclusión y el desarrollo, en su sentido más auténtico: el primer paso, dejarnos de tonterías y afrontar la ruptura necesaria con el formalismo legalista o positivismo pop, cuyo desfase con la realidad es viejo y grave. No debemos tener hoy, derechos -sean de propiedad o de otro tipo- disminuidos (como es el caso de los indígenas, las comunidades campesinas, etc.).

En un contexto de escasez y desigualdad, así como de postergación y precariedad, reglas claras, útiles y acordes a la realidad, resulta de primera importancia… sin esto, seguiremos en más de aquello, y la modernidad seguirá siendo aquel monstruo oscuro y gris que amenaza quitarnos todo a la vuelta de la próxima parada.

Sigue el video de De Soto, para más aquí.

Hernando De Soto, misterio del capital, indígenas, amazónicos, ILD, desarrollo, IDL

la ironía de la libertad de expresión en la PUCP

Aparecido originalmente en: www.vanguardiauniversitaria.tk

Lo otro: amague de respuesta PUCP, vía La Mula

Desde hace ya buen tiempo existe el Estandar Social (2006), un panel informativo ubicado en la Facultad de Sociales, dirigido por Javier Martell. Ahora aparece en Estudios Generales Ciencias y también en Letras, además del blog que funciona básicamente como una repetidora de eventos, convocatorias, etc.

A Javier lo conocimos cuando fungíamos de voluntarios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego cuando nos tocó presidir la Federación de Estudiantes.

Al Estandar Social lo habíamos visto sin caer en él (léase sin prestarle demasiada atención)…, hasta que en el verano del 2008, en una convocatoria a miembros de la revista de estudiantes Puntos Suspensivos, conocimos a Esteban Poole (bisoño lleno de entusiasmo, cargado de información y con tremendos ímpetus que le impedían dejar de hablar y de opinar -la mayor de las veces con propiedad y fundamento, debemos reconocer- sobre todo), quien dijo venir a la entrevista gracias a Javier Martell del Estandar Social.

El efecto silenciador de la libertad de expresión:

En los últimos días, el Estandar Social ha sido censurado,  Javier no ha corrido mejor suerte: le han abierto un proceso disciplinario por supuesta agresión a un empleado (ver el vídeo). Por otra parte, la Facultad de Sociales, en la persona de su Secretario, el señor Luis Mujica, notificó a Javier de las 24 horas que tenía para el retiro de su panel, hasta que se regularice la situación vía permisos y demás burocracia. Don Luis Mujica preguntado por IPYS sobre el particular no ha dicho esta boca es mía, por ser un asunto interno PUCP.

oh!

Aquí una narración más exhaustiva de los hechos, de mano del propio autor, incluye cartas de la autoridad citada, para que cada quién vaya armando sus conclusiones.

Reglas sobre la libertad de expresión en la PUCP:

La libertad de expresión esta tutelada por infinidad de documentos, desde nuestra Constitución, pasando por Pactos y Tratados Internacionales, llegando al propio Estatuto de nuestra universidad. Ello no es gratuito: la libertad de expresión constituye un valor fundamental, inherente al sentido de los derechos y a la textura que toda democracia debe tener, en este sentido, la PUCP no es ajena a la implementación de un escenario en el cual todas las voces puedan expresarse con libertad, equidad y respeto (no entraremos aquí a discutir el asunto del hate speech ).

En el pasado, el debate de lo público partía de la premisa que la Autoridad constituye un peligro para la libertad de expresión, lo cual daba razones para prever sus intromisiones y construir herramientas de defensa y protección (Owen Fiss, La ironía de la libertad de expresión. Gedisa, 1999).

Hoy por hoy, y con todo el tanatismo en que nos hemos visto inmersos, por el problema con los bienes y herencia Riva Agüero,  se genera la sensación de volver al pasado (entendiendo este como un relato y no como un recurso), en la cual la Autoridad denosta fantásticos esfuerzos por aparecer -nuevamente- como un enemigo natural de la libertad. Parafraseando a Owen Fiss, la PUCP sería vista como si tratase de silenciar a los individuos miembros de la Comunidad Universitaria.

Ignoramos si “cuanta más expresión”, mejor, pero sin duda “cuanta más diversa la expresión”, mejor. En el caso concreto, la PUCP vs. el Estandar Social, la autoridad tira la pelota por otro lado, tratando de restringir la cancha, con miras a limitar la expresión de los estudiantes (los costos de expresarse en el campus son elevados, en terminos de permisos, solicitudes, cartas y carencias, convirtiéndose en toda una odisea el colocar un panel, colgar un banderola, repartir volantes, etc., etc.), quienes en últimas, van demostrando -salvo excepciones- que poco o nada tienen que decir.

En tanto esto último no cambie, la perspectiva vigente, seguirá avasallando a quienes intenten alzar la voz.

Finalmente, una interpretación democrática y constitucional, del sentido de la libertad de expresión, debe llevarnos  ampliar los términos del debate público, dotándolo de un carácter “desinhibido, abierto y vigoroso”. La autoridad cuenta con los recursos y el poder para silenciar cualquier otro discurso (debido a la intensidad y factura de los medios con que cuenta: de comunicación y de coerción), dado que las cosas no nos llueven del cielo, y que el discurso de la afirmación de los derechos es un discurso de conquistas… a decir las cosas fuerte y claro, sin temor, ni ambages… hacer esto, como corresponde, es estar verdaderamente a la vanguardia…

Ps.-

Debemos decir que El Estandar Social no es un medio constestario ni por asomo, sino más bien, uno informativo, reproduce noticias tomadas de otros medios. En tiempos de elecciones estudiantiles elabora una suerte de boletín.  Es importante destacar esto, pues nos dice que no se trata necesariamente de una intolerancia, sino quizá de una necedad por parte de alguna autoridad confundida.

Cabe mencionar que este asunto, lo hemos venido trabajando, a partir del debate suscitado con ocasión del  I Encuentro de grupos estudiantiles, con los compañeros de UNES, también ha sido materia de la entrevista que le hicieramos hace unas semanas, al entonces rector, ingeniero Guzmán Barrón (quedo claro que el asunto había estado bastante descuidado).

Javier Martell, Owen Fiss, libertad de expresión, PUCP, censura, debate, medios, representación