los intelectuales

Octubre 14, 2009

A continuación replicamos la entrevista aparecida hoy en La Nación, realizada al maestro y amigo, don Roberto Gargarella, como siempre, los comentarios sobran, queda el firme deseo de que la academia nacional sorprenda en algún momento con ejemplares de talento, claridad y fuerza semejantes.

Como ciudadanos, perdimos el control sobre la política

La protesta social tiene sus orígenes en el incumplimiento del Estado, advierte el jurista.

“Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la de- sigualdad política.”

El jurista argentino Roberto Gargarella, reconocido por sus aportes en materia de derecho constitucional, es consciente de que la Argentina tiene una Carta Magna “muy exigente”. Y sostiene que “ver la distancia que hay entre los compromisos constitucionales y la práctica constitucional es muy dramático, pero también muy apasionante”.

Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Chicago, Gargarella, de 44 años y autor de más de una veintena de libros, investigó recientemente y escribió acerca de los límites a la respuesta penal punitiva, la teoría constitucional y la concepción deliberativa de la democracia.

-¿Qué es la democracia deliberativa y en qué se diferencia de otras concepciones de la democracia?

-La idea de democracia deliberativa considera que las únicas decisiones públicas justificadas son las que resultan de un proceso de discusión inclusivo, sin grupos marginados. Algo que no ocurre hoy en la Argentina, donde hay voces y grupos sistemáticamente ausentes de la toma de decisiones. El Congreso se especializa en tomar decisiones a partir de la imposición de una mayoría que levanta la mano. Y aunque eso es una condición necesaria en la construcción de una decisión democrática, no es una condición suficiente para ello. Ni siquiera es suficiente para que la decisión sea constitucionalmente válida.

- ¿Cómo debería plantearse el debate sobre la protesta social? Usted dice que es inapropiado hacerlo como si se tratara de tornar compatibles el derecho de libre circulación con el de los manifestantes a expresarse.

-Muchas veces las causas de la protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales. Antes de apuntar el dedo hacia quienes se quejan por las faltas graves cometidas por el Estado, habría que dirigirlo hacia las autoridades y preguntarles por qué no cumplen con sus obligaciones legales. Si dejamos de lado esta pregunta para empezar a discutir hasta dónde llegan los derechos de los taxistas o las ambulancias, trivializamos el debate.

-¿El derecho a expresarse no debería tener límites?

-Por supuesto que hay límites. Pero el derecho a expresarse y, sobre todo, el derecho a la crítica política es -así lo llamaría- el derecho de los derechos, ya que es condición para el sostén de los demás derechos. Cuanto más restringimos la crítica política, más ponemos en riesgo el resto de la estructura de derechos.

-¿Por qué el Estado incumple desde hace décadas sus deberes constitucionales de garantizar los derechos sociales básicos de la gente más necesitada?

-A cualquier gobierno le interesa transformar los derechos en favores que da o deja de dar a discreción, haciendo que los grupos afectados vayan a pedirle de rodillas aquello que en realidad el Estado debería asegurarles incondicionalmente. Todos los gobiernos, y éste también, tratan los reclamos por derechos como si fueran reclamos por privilegios.

-¿Cómo se puede garantizar que los gobiernos futuros cumplan con su obligación?

-Ahí la Justicia puede cumplir un rol extraordinario que, lamentablemente, ahora cumple sólo a medias, por miedo o por razones políticas. Por eso, la disputa en torno del Consejo de la Magistratura es tan seria, aunque no lo parezca: controlar al Consejo sirve para poner a los jueces bajo amenaza.

-¿Cómo se llegó a esta separación borrosa entre los tres poderes?

-Al consagrar un sistema de autoridad concentrada en el Poder Ejecutivo, permitimos que gradualmente se distorsione toda la estructura de frenos y contrapesos. Hoy, como ciudadanos, hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública en general. Es lo contrario de un proyecto progresista, que exige, ante todo, romper con la desigualdad económica y la desigualdad política.

-¿Qué salida ve para esto?

-Me parece posible definir ideales regulativos que tienen que ver con el respeto de la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Son ideales por los que luchar. No sé si es fácil llegar ahí, pero es importante, al menos, tener claro hacia dónde dirigir los esfuerzos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no tenemos demasiado claro hacia dónde ir.

-¿Por qué usted escribió que la lectura que se hizo de los orígenes del constitucionalismo latinoamericano fue la menos atractiva posible?

-Entre las opciones constitucionales que teníamos optamos por una muy restrictiva de las libertades políticas, con una fuerte concentración de autoridad en el presidente, lo cual fue una decisión muy mala. Cualquier demócrata, cualquier persona con espíritu igualitario, debe temer y resistir siempre la concentración del poder. Nuestra Constitución creó un Poder Ejecutivo más fuerte, que luego fue arrinconando a los demás poderes.

-¿Qué relación encuentra entre la desigualdad política y la económica?

-Una sociedad marcada por la desigualdad política y organizada alrededor del mercado reproduce la desigualdad entre sus miembros y socava los lazos de solidaridad. Ambas desigualdades se refuerzan. Hoy llevar adelante tareas solidarias es un ejercicio heroico porque todos los incentivos institucionales están orientados en dirección opuesta. En sociedades más igualitarias los lazos cívicos son más fuertes, así como las posibilidades de relacionarse con los demás y ver a los otros como iguales.

-¿Cómo describiría la democracia argentina?

-Una democracia liberal conservadora, con un limitado respeto a las libertades civiles, fuertes restricciones en las libertades políticas de la ciudadanía y una marcada desigualdad en la distribución de los recursos, que afecta al resto de la estructura democrática.

-¿En qué cosas cree?

-En el respeto simultáneo a los valores de libertad individual y autogobierno colectivo; en maximizar la libertad individual y la capacidad de la ciudadanía de tomar control sobre sus propios asuntos. Hemos convivido con regímenes conservadores que negaron las libertades individuales y políticas, y con regímenes liberales que fueron más respetuosos de las libertades personales, pero muy hostiles a las capacidades colectivas de los ciudadanos. Las mejores tradiciones igualitarias requieren la reivindicación de las libertades personales junto con la igualdad política. Esta tiene que ir de la mano de la igualdad económica y asegurar condiciones materiales que nos permitan vivir en comunidad.

EL PERSONAJE

ROBERTO GARGARELLA
Jurista

  • Profesión: abogado

Edad: 44 años

Docencia: profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Investigador visitante en Harvard, Columbia, Texas y Nueva York .

Sus libros: Los fundamentos legales de la desigualdad, El derecho a la protesta, E l primer derecho y La Justicia frente al gobierno .

Autores preferidos: Carlos Nino, John Rawls, Gerald Cohen

Para LA NACION, por Mori Ponsowy

La libertad es el valor primero sobre el cual se construye la democracia. Alzar la voz y tener la posibilidad de decir cosas, de modo intenso, constituye una garantía del sistema mismo, sobre esto vamos todos de acuerdo; donde el asunto empieza a perder claridad es cuando se plantea la posibilidad de desobedecer.

Desobedecer, protestar, resistir: leyes, sentencias, políticas públicas, acciones, omisiones. ¿Es posible, es legítimo, es legal?…

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ps.- cortesía de la casa (click)

ACTUALIZACION (12:57)>

Le escribi a las autoridades pertinentes (estudiantiles y oficiales), con celeridad, buen ánimo y gran tino, me responde -no es la primera vez que se toma la molestia, cosa que tambien debemos decir- don Walter Albán, decano de la Facultad. Me explica que lo “equivocado en el aviso es no hacer explicito que los casos en los que exista un apremio especial (por viaje, tramites de beca, trabajo, u otras situaciones análogas)”, las cuales “tendrán que ser atendidas de todas maneras pero por trámite de excepción”. De esa forma se espera evitar la congestión de solicitudes que suele producirse al finalizar cada semestre, que no permite
discriminar lo urgente de lo deseable. Nuestro Decano entiende que “la medida es antipática, pero necesaria”, ello bajo las actuales circunstancias (personas valiosas responsables de este trabajo se encuentran delicadas de salud), por lo cual resulta prudente sincerar la situación y que los interesados puedan estar advertidos de que la Facultad no podra brindarles una atención regular en el plazo señalado. A juicio nuestro, esto resulta mejor a que simplemente se encuentren con que no se atiende sus pedidos en plazos razonables y asuman que ello se debe a negligencia o poca voluntad de servicio. Al final de la comunicación, don Walter Albán, ex Defensor del Pueblo, nos dijo> “Lo que si te prometo es continuar trabajando para mejorar procesos en la facultad y que, trámites de esta naturaleza, puedan ser realizados a través de medios informáticos en términos absolutamente confiables y con la mayor agilidad. Saludos”.

Saludos!

Aclaradas las cosas, seguimos con la programación habitual, eso si, creo que es envidiable el modo de hacer y encarar las cosas que asume en estos y otros asuntos el Decano de la Facultad. Al Cesar lo que es del Cesar.

(jueves 16,09,9pm)

Acabo de recibir el correo de líneas abajo, donde se nos dice que hasta la quincena de septiembre no habrá lugar para trámite ninguno.
Me sorprende esta decisión, pienso que la medida aparece como desproporcionada para quienes requerimos de cartas que certifiquen nuestra condicion de egresados o de estar tramitando el bachillerato, considerando además que pagamos una tasa por dichos trámites.
Considero que existen formas menos gravosas de lograr los fines del comunicado, tales como invalidar a quienes pidan dichas constancias o certificaciones y se compruebe que no les corresponden, exigiendoseles el pago de una nueva tasa (léase volver a pagar los 650 soles que vale el asunto del bachillerato) con lo cual cada quien actuaria con mayor diligencia (tampoco es que exista un porcentaje elevado de personas que juegan con estos costosos trámites), etc.

Pienso en como la medida puede afectar de sobre manera a los diferentes estudiantes recientemente egresados, que como yo, pueden estar viendo su incorporación a la institución en la cual trabajan, perfilandose para ejercer la docencia, viendo el ser admitidos a una maestría, etc.

Con la presente medida, irreflexiva en cuanto a mi compete, pues no es que sean enormes cantidades de egresados, y el plazo para procesar las solicitudes es bastante holgado> 90 dias (click para los requisitos para obtener el grado academico de bachiller en derecho), un importante elenco de egresados/estudiantes perderán
no solo oportunidades de desarrollo profesional, sino también de ingesta económica y de mejora académica.

Esperemos que en la medida de lo posible, la Facultad enmiende esta desacertada decisión, idem para nuestros representantes estudiantiles quienes tienen el deber de velar por nuestros intereses. El ánimo del presente texto no es confrontación sino de justo reclamo, de exigencia de derechos que nos asisten y que seran postergados asi por si, dejamos para otro post, la justificacion del costo del tramita> 650 soles).

Sigue el comunicado… que me hace sentir que de tanto “En defensa de la PUCP“, esta pierde foco y perspectiva y se pone “al ataque de sus alumnos”…

Estimados(as) estudiantes:

Se comunica a todos los estudiantes que egresen en el semestre 2009-1, que la condición de egresado se otorgará a partir de la segunda quincena de setiembre, por lo que, no se dará tramite a cartas, constancias, ni solicitudes de bachillerato.

Esto se debe a que el cierre del sistema de notas del semestre 2009-1, se realizará el día 14 de agosto, de acuerdo al calendario académico aprobado por el Consejo Universitario. Adicionalmente, luego de esa fecha, en las dos
primeras semanas de clase del próximo semestre, se atenderán los casos de cuarta matrícula y los de infracción al proceso de matrícula. Todas estas circunstancias nos llevan a tomar la medida antes mencionada.

Una vez culminados los plazos y procedimientos correspondientes, se procederá a atender los requerimientos referidos a la condición de egresado.

Atentamente,

Facultad de Derecho.

todos para uno, eh!?

todos para uno, eh!?