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reembolso de gastos en el proceso de revocatoria

Hace algún tiempo, cuando nadie daba medio partido por la revocatoria, escribimos un par de textos para Acción Electoral, revista del JNE.

Comparto un par de cuadros con los supuestos para el reembolso de gastos y los tres casos que se han suscitado desde 1997 a la fecha.

Las cosas que leo por allí, no hacen sino meter miedo con el tema. Espero que quienes tengan interés en el reembolso, lean este artículo o dejen sus preguntas a modo de comentario.

Reembolso de gastos en el proceso de revocatoria (Martín Soto Florián)
Reembolso de gastos en el proceso de revocatoria (Martín Soto Florián)

#revocatoriafacts: reembolso de gastos para los revocadores

Ahora que todos somos expertos en el tema, me animo a compartir algunas reflexiones sobre la revocatoria [las mismas que aparecen aquí], y en especial del reembolso a que tienen derecho quienes toman la iniciativa de cuestionar a sus autoridades por esta vía.

1. Calma: los revocadores tienen derecho a ser reembolsados siempre que tengan éxito, es decir, que logren su cometido de retirar a la autoridad.

2. Solo podrán ser reembolsados por: gastos realizados ante la autoridad electoral [tasas, etc.] y gastos por concepto de difusión [el contenido no está plenamente determinado].

3. A la fecha, se han presentado solo 3 pedidos de reembolso, en Ucayali, Huánuco y Moquegua, por 99 703.20, 8 060.23, y 1 764.50 nuevos soles, respectivamente.

4. El Jurado Nacional de Elecciones es la entidad competente para satisfacer estas demandas. A la fecha, todos los pedidos han sido denegados.

Imagen

Quienes tengan mayor interés por el tema, los invito a revisar Acción Electoral, publicación del Jurado Nacional de Elecciones, de la que soy editor y cuyo primer número se encuentra dedicado a la #revocatoria. 

Sobre el tema del reembolso, clic aquí.

 

 

Nota: La primera revocatoria en el Perú (1997), S/. 6 millones, la última (2012), cerca de S/. 25 millones.

 

Acción Electoral, revista del JNE

Estimados amigos,Mañana a las 4pm, el JNE Peru presentará la primera edición de Acción Electoral, revista especializada en asuntos electorales, democracia y buen gobierno, de la que tuve la suerte de ser Editor.Todos invitados.

Sobre esta edición
Tema: Revocatoria de autoridades en el Perú. Principales aspectos: orígenes, principios y experiencia comparada; el proceso de revocatoria en el Perú, el reembolso de gastos en el proceso de revocatoria; diferencias entre vacancia y revocatoria; y la revocatoria como desafío constitucional a las democracias contemporáneas.

Palabras clave: revocatoria, reembolso, vacancia, suspensión, democracia, derecho electoral, autoridades locales, autoridades regionales, experiencia comparada, democracia directa, mandato de representación, representatividad, legitimidad democracia, Perú.

— en Escuela Electoral y de Gobernabilidad JNE.

ps.-

El Comité editorial lo integran:

Bruce Ackerman Carlos Blancas Jacobo Domínguez Francisco Ezquiaga Flavia Freidenberg Owen M. Fiss Roberto Gargarella Gorki Gonzales Stephen Holmes Ulises Montoya A. Joan Oliver Araujo Henry Pease Yanina Welp Eugenio R. Zaffaroni Daniel Zovatto

 

La revista la pueden descargar en su totalidad aquí (versión preliminar, eh).

democracia electoral: not for free

Actualización:

el blog de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo le ha dedicado dos post al asunto: aquí.

Ronald Dworkin, lo mismo: el más reciente, aquí; y el que ubica el problema a partir del incidente del film sobre la Hillary Clinton, aquí.

La democracia sólo puede sobrevivir como una democracia fuerte si está asegurada, no por grandes líderes, sino por ciudadanos competentes y responsables. Las dictaduras efectivas requieren grandes líderes, las democracias efectivas necesitan grandes ciudadanos

(Benjamin Barber/ Strong Democracy).

 

 Estamos en democracia y no hay que cansarnos de decirlo, hasta que a fuerza de repetirlo aquello se entienda y tome sentido.

 He estado tomado de tiempo, con ello espero me disculpen los amigos que leen este blog, si sirve de algo, ha sido por una buena causa (no nos ganan!).

Vía el texto de Juani González Bertomeu, nos enteramos del enorme retroceso que significa el fallo de la Corte Suprema Norteamericana, en el caso “Citizens United” (AKA: Citizens United v. Federal Election Comisión). Sigue un poco de background de la wiki citada:

Citizens United, a conservative nonprofit 501(c)(4) organization, sought to run television commercials promoting its film Hillary: The Movie, a documentary critical of then-Senator Hillary Clinton, and to show the movie on DirecTV.[5] The Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 (BCRA), 2 U.S.C. § 441b, prohibited corporations and unions from using their general treasury funds to make independent expenditures for speech that is an “electioneering communication” or for speech that expressly advocates the election or defeat of a candidate. In January 2008, the United States District Court for the District of Columbia ruled that the commercials violated provisions in the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 (McCain-Feingold) restricting “electioneering communications” 30 days before primaries. The Court found that the film had no other purpose than to discredit Clinton; Citizens United argued that the film was fact-based and nonpartisan.[6]

The Supreme Court docketed this case on August 18, 2008,[7] and heard oral arguments on March 24, 2009.[5][8][9] A decision was expected sometime in the early summer months of 2009.[10]

However, on June 29, 2009, the Supreme Court issued an order directing the parties to reargue the case on September 9 after issuing briefs on larger issues.[11] One issue in particular that likely contributed to the Court’s desire to have the case reargued was the statement by then-Deputy Solicitor General Malcolm L. Stewart, representing the FEC, that the government would have the power to ban books, if those books constituted express advocacy and were published by a corporation or union. At oral argument, Citizens United was to address the following question: “For the disposition of this case, should the Court overrule either or both Austin v. Michigan Chamber of Commerce and the part of McConnell v. FEC which addresses the facial validity of Section 203 of the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002?”[12]

 

El fallo (redactado por Kennedy, y secundado por Scalia, Roberts, Alito y Thomas) representa un triunfo de los conservadores en la Corte: 5 contra 4 (primer caso de la jueza Sotomayor), reconoce derechos constitucionales a las corporaciones además de retirar del juego una ley federal que fijaba límites a los gastos electorales de las empresas. En el futuro, las grandes -y pequeñas- corporaciones podrán financiar sin límites a los partidos en la campaña y expresarse a favor o en contra de los candidatos. Como dice el director de la revista de la Universidad de Palermo, González Bertomeu:

“Las corporaciones, ahora, tienen derecho a gastar enormes sumas de dinero para beneficiar a un candidato; mejor dicho, para beneficiarse a sí mismas al apoyar a un candidato en condiciones de llevar adelante sus propias propuestas. Como sostuvo la minoría en su disidencia, “[l]a diferencia entre vender un voto y vender acceso es una cuestión de grados…, y la venta de acceso por parte de un candidato no es algo cualitativamente diferente a que éste brinde una preferencia especial a quienes gasten dinero en su nombre.” 

Con su decisión, la Corte norteamericana asestó un fuerte golpe al proyecto democrático. Lo hizo en un momento en que, además de padecer otros problemas graves, el sistema político norteamericano está asediado por el poder de las corporaciones. La sentencia refuerza esta dominación, subordinando potencialmente las plataformas políticas de un partido o de un candidato a sus designios, y contradiciendo el ideal democrático de la igualdad entre los ciudadanos. Convierte a la política en una réplica burda del ya disfuncional mercado económico, en el que el valor de una obra o idea se mide por el precio que otros quieren cobrar o pagar por ella, aunque sólo unos pocos puedan cobrar o pagar lo que consideran que esa obra o idea genuinamente vale. Citizens United arroja el juego político a las fuerzas del mercado. Que, como sabemos, es cualquier cosa menos igualitario.”

 

En resumidas cuentas, el fallo permite que cualquier empresa pueda lanzar anuncios televisivos o campañas contra candidatos cuyas propuestas estimen contrarias a sus intereses, o apoyar a aquellos que convergen y los puedan favorecer.

 La democracia deliberativa representa la lucha por eludir las severas condiciones de inequidad en las decisiones públicas al interior de los sistemas jurídico-políticos. Hoy, la democracia americana pierde una de sus luchas.

 

También:

en el blog de la Sunlight foundation, un análisis mucho más fino y sesudo. sobre el tema: How the Citizens United Case Affects Money & Politics and Transparency As We Know it