Durante el 2007 e inicios del 2008, asistía en una investigación sobre la enseñanza del derecho en el Perú (y ya antes me he ocupado superficialmente del tema: aquí, aquí). Estando en la Asamblea Nacional de Rectores, el responsable de proveer información (no procesada), me dijo: «Una carrera barata. Prácticamente todas las universidades la ofrecen. Requiere en principio, una pizarra, papel impreso: leyes, constitución, reglamentos, y un tipo que las haya leído».
En aquella investigación se da cuenta de la tugurización de la profesión, la precariedad del sistema de enseñanza y las ausencias y los pendientes del derecho, como carrera y profesión, para con el país. Decía la introducción:
«El presente trabajo pretende identificar los rasgos característicos de la enseñanza del Derecho en el Perú, sin perder de vista en esta aproximación a los actores que confluyen en su desarrollo: alumnos y profesores. No obstante, dicho enfoque adquiere sentido sólo cuando se le vislumbra entretejido con la dinámica de los cambios sociales. Las facultades de Derecho y su relación con el medio, constituyen un punto de mira no desdeñable, si se trata de entender el sentido que adquiere la enseñanza del Derecho. Un proceso heterogéneo de cambios, que lleva consigo resistencias pero también continuidades.
La enseñanza del Derecho -en líneas generales- busca proveer herramientas, afinar destrezas y propiciar competencias; identificadas por una perspectiva comprehensiva y un discurso útil para justificar el quehacer de los abogados, el cual es fácilmente reconocible como instrumento básico para la constitución de intereses y posiciones de poder “legítimos” en la sociedad. Por ello, la forma que adquiere la educación legal -es decir, el conocimiento que se imparte y el modo a través del cual se produce la interacción pedagógica- puede ser considerada como un indicador del modo como se construye la textura social.
El estudio aquí propuesto intenta establecer las líneas generales de la enseñanza del Derecho en el Perú a comienzos del siglo XXI, sin pasar por alto lo ocurrido en los años previos, fundamentalmente en lo referido a algunos de sus indicadores básicos. Quizá uno de los principales problemas de la investigación y, por ello, una de sus limitaciones, ha sido el acceso a la información. En general, las entidades oficiales como la Asamblea Nacional de Rectores, el Ministerio de Educación o el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, carecen de publicaciones en las que se haga referencia específica a las facultades de Derecho. La documentación sobre la educación superior tampoco es muy precisa, por esta razón, una parte importante de los datos que han permitido articular los principales indicadores de la educación legal, está construida a partir de los listados o boletines anuales que se encuentran en los archivos de la Asamblea Nacional de Rectores, en los informes que cada universidad envía anualmente a dicha entidad y, en situaciones extremas, la información se obtuvo pidiéndola directamente a cada una de las universidades, no siempre con la misma fortuna.
Es preciso indicar que cuando se hace referencia al problema de la enseñanza del Derecho en el Perú, el tema resulta inevitablemente monopolizado por la intensa experiencia que la Pontificia Universidad Católica del Perú ha tenido en esta materia. Adquiere sentido, por ello, el que nuestra Casa de Estudios aparezca como un actor principal en el trabajo, a partir de la reconstrucción del proceso gestado en los años sesenta, como momento de ruptura con el pasado y como punto de partida para el desarrollo de un discurso y un tipo de práctica reformista en la enseñanza de la disciplina jurídica.
Explorar el impacto de la formación legal en el desarrollo de la actividad profesional, es una tarea fundamental, pero ello supone configurar los indicadores de este importante espacio de la vida institucional del país que por el momento no existen. Se abre, en este sentido, una tarea pendiente y una necesidad hacia el futuro.
La parte final del trabajo está dedicada a formular un conjunto de reflexiones que tienen como punto de apoyo los “hallazgos” de la investigación, pero que dejan tras de sí otras interrogantes vinculadas a las oportunidades y limitaciones de la reforma de la enseñanza del Derecho.»
Este post trata sobre la titulación, no de tierras, sino en derecho. Para hacer breve el asunto, en el Perú, a diferencia de otras latitudes, uno se titula: i) sustentando una tesis (investigación), ii) sustentando dos expedientes legales fenecidos, iii) presentando una memoria de trabajo, y iv) pagando un curso de titulación (esto último no depende directamente de la Facultad de Derecho, sino del Centro de Educación Continua, unidad creada en 1995, dependiente del Rectorado).
Dice la Web de la Facultad:
Se puede optar el Título Profesional de Abogado por cualquiera de las siguientes modalidades, a elección del graduando:
1. Presentación y sustentación de una tesis (aquí el catálogo de tesis sustentadas, aquí el registro de planes de tesis).
2. Presentación y sustentación de una memoria sobre el desempeño en el campo profesional del graduando y que comprenda un período no inferior a tres años posteriores a haber egresado de la Facultad (aquí el registro de memorias)
3. Presentación y sustentación de dos expedientes.
4. Aprobar el Curso de Titulación (Centro de Educación Continua de la PUCP).
En el año de 1960, existían en el Perú, 1,338 estudiantes de Derecho; para el año de 1985, la cifra se había multiplicado: 24,942; para el 2006, 54,954 estudiantes inundaban las aulas de las distintas facultades de Derecho del país.
Para 2008, existían 91 Universidades, 54 facultades de Derecho y más de 200 filiales.
No he podido mantener actualizadas las cifras, pero es natural pensar que deben ir en ascenso.
Frente a dicho escenario, creo que hay que replantear las políticas nacionales y las privadas, las de Lima y las de provincias (en ningún caso son las mismas. Por ejemplo, en Arequipa, sea cual sea la modalidad elegida, se tiene que pasar por un balotario de 100 preguntas, sobre todas las materias, de las cuales se tienen que responder exitosamente 20 elegidas al azar por el graduando), para lo que significa la formación de profesionales de la justicia y los derechos.
Lo voy a dejar acá. Sugiero leer esta entrada, escrita con ocasión de los 90 años de la Facultad de Derecho PUCP, aparecida en Número Zero, y desde luego el libro del profesor Gorki Gonzales (aquí una versión última y libre de uno de sus artículos en ese sentido).
Gobernar es educar. Que no se olvide para que no se repita.
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